El Govern está estudiando el anteproyecto de ley reguladora del
crecimiento urbanístico, más conocida como ley de cupos, que
pretende poner en orden el acelerado ritmo de construcción que en
los últimos años se ha apoderado de las Islas. La idea básica es
que en los últimos diez años la urbanización de Balears ha crecido
en un 18'4 por ciento y en el último cuatrimestre, un 8'5 por
ciento, aunque en crecimiento anual desde 1998 a ahora ha sido del
dos por ciento. Unas cifras del todo insostenibles si miramos hacia
el futuro con un mínimo sentido de la responsabilidad.
El planteamiento de esta ley parte de esta base para llegar a la
conclusión de que hay que regular el crecimiento poniendo límites
porcentuales sobre la edificación ya existente. Así, partiendo del
número de edificios, se darán licencias para crecer hasta un uno
por ciento en cada localidad "comenzando por un 1'5 por ciento en
2003 para rebajar la cifra más adelante", aunque favoreciendo
ligeramente al interior sobre la costa.
Es una fórmula tan aceptable como otra cualquiera si realmente
consigue poner freno al extraordinario crecimiento de los últimos
tiempos, sin perjudicar a la ciudadanía. Con la ventaja añadida de
que este plan ofrece cierta flexibilidad a los Consells Insulars a
la hora de regular el asunto, introduciendo modificaciones
puntuales de carácter temporal, espacial o funcional por razones de
reequilibrio territorial. Y además deja fuera de la norma a las
viviendas de protección oficial, así como a residencias de ancianos
o colegios mayores.
Así que, si prospera, puede constituir una solución aceptable
que permita devolver a las Islas el equilibrio perdido, con
criterios claros de sostenibilidad ambiental y social.
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