La fecha del 20 de junio se aproxima a marchas forzadas y cada
día son más las noticias que genera esa convocatoria de huelga
anunciada por los sindicatos y apoyada por algunas formaciones
políticas. Ahora sabemos que los convocantes están dispuestos a
cumplir los servicios mínimos "es su obligación", pero no los que
consideran «abusivos», lo que deja muy en el aire "a expensas de la
interpretación subjetiva que cada uno quiera hacer" la certeza de
que el ciudadano cuente en esa jornada de protesta con los
servicios indispensables "sanidad y transporte" suficientemente
cubiertos, algo que desde luego las autoridades deben garantizar si
no quieren que se vulneren derechos fundamentales.
Claro que la huelga es también un derecho protegido por nuestra
Constitución y como tal debe entenderse, de forma que se convierte
en el arma más potente de los débiles ante las posibles
arbitrariedades de los poderosos. En el caso de ahora hay que
constatar que la reforma laboral recién aprobada viene acompañada
por demasiadas dudas razonables. La peculiar figura del trabajador
fijo discontinuo se encuentra confusamente tratada en el texto.
Desde el Govern se denuncia que la puesta en marcha de esta nueva
legislación traerá consigo pérdidas millonarias para Balears. Desde
el Gobierno central, se insiste en que no cambiará en absoluto la
situación de los fijos discontinuos. ¿A quién creer?
Así las cosas, hay que lamentar la falta de diálogo, la escasa
claridad en los conceptos y la precipitación con que se ha
tramitado esta norma. Pero, a pesar de todo, nada de ello justifica
la temida violencia de los piquetes informativos ni la presión de
algunos empresarios a sus empleados temporales para que no secunden
la huelga.
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