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Nuevamente nos enfrentamos a una convocatoria de huelga general, motivada por la drástica reforma del desempleo llevada a cabo en forma de decreto por el Gobierno de José María Aznar, que, según los sindicatos, no sólo rebaja las prestaciones del paro, sino que disminuye de forma alarmante las indemnizaciones en caso de despido. El motivo de la huelga puede ser discutible o no, pero lo que nunca se puede cuestionar es el derecho de los trabajadores a ejercer esta medida extrema de presión cuando ven amenazadas sus condiciones de trabajo.

En este punto ningún extremo es susceptible de albergar duda alguna, aunque sí que es preciso exigir "al igual que los sindicatos exigen a la patronal, al Gobierno o a quien sea que escuche sus peticiones y que se atenga a la legalidad" el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la Administración.

Claro que a veces, cuando se trata de un sector clave para el funcionamiento de una comunidad, las autoridades imponen unos servicios mínimos tan completos que cualquier intento de huelga pasa desapercibido. Así que ante una situación como la que se avecina es exigible una conducta intachable a todas las partes, así como una previsión matemática de lo que pueda llegar a ocurrir.

Que no volvamos a ver escenas tan penosas como las del año pasado durante la huelga de transportistas, que, saltándose a la torera "ante la indiferencia política y policial" todos los servicios mínimos, llegaron a paralizar el aeropuerto en un momento crítico para el sector vacacional. Más que nunca hay que hacer una llamada a la responsabilidad. Mallorca no puede permitirse otro golpe a su primera industria, de la que todos nos beneficiamos.