La tramitación de los presupuestos del Consell Insular d'Eivissa i Formentera ha sido una auténtica tragicomedia hasta el final, que aún puede no haber llegado a su fin. La decisión del equipo de gobierno de dar por aprobadas las cuentas directamente transcurrido el plazo de un mes desde que se desestimó la cuestión de confianza de su presidenta, Pilar Costa, y cuando parece más que evidente la necesidad de cumplimentar la obligación de que estos pasen el preceptivo periodo de exposición pública es muy significativa de la tensión y el nerviosismo con el que está trabajando en los últimos meses. Tal y como se han acabado desarrollando los acontecimientos, parece que el que la situación sea inédita deja un margen de duda que el Pacte no ha querido desaprovechar. Y ahí se equivoca. El procedimiento extraordinario con el que ha conseguido sortear el bloqueo de la oposición a sus cuentas conlleva una obligación que se quiere saltar y no puede ser. El trámite es lógico: efectivamente, para que en caso de existir algún error en las cuentas éste pueda ser subsanado, se abre la puerta a cualquier alegación, tanto por parte de los grupos políticos como de los ciudadanos. Los tres supuestos determinados en la ley son claros, y se refieren a la formalidad de los presupuestos y no a sus contenidos, lo que no es impedimento para que sea obligatorio el que materialice el trámite. No es lógica, por tanto, la afirmación de que las alegaciones se pueden tramitar a través de los tribunales, puesto que ya en ese caso no serían tales, sino contenciosos contra la administración, simple y llanamente. La observación es casi insultante puesto que, por supuesto, la Justicia está abierta a las reclamaciones de los ciudadanos siempre, faltaría más. Probablemente nada cambiaría en esa exposición pública más que el momento en el que las cuentas serían efectivas, pero no es un buen síntoma el que se salten los pasos de la tramitación de algo tan importante como el presupuesto de todo un año que ya se ha quedado muy corto.