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Los sindicatos anuncian, aunque todavía no oficialmente, una huelga general para el 20 de junio "en vísperas del Consejo Europeo que cerrará el semestre de Presidencia española de la UE" para forzar al Gobierno a retirar la reforma laboral que está promoviendo. El órdago es tan fuerte que apenas da margen de maniobra, ni al Ejecutivo ni a los sindicatos. Todavía está por ver con qué apoyos cuentan unos y otros, qué postura toma la patronal y cuál los otros partidos políticos. Y todo ello se produce en las mismas horas en que se conocen datos malísimos sobre la evolución de la economía española. El incremento de los precios en abril ha sido poco menos que escandaloso y ahora se sabe que el paro ha aumentado casi en doscientas mil personas en el primer trimestre del año. El Gobierno, que ya no sabe qué decir al respecto, achaca la subida a un «susto pasajero» y al nuevo método para contabilizar parados. Con métodos nuevos o sin ellos, la cruda realidad "en Balears, por fortuna, la situación económica y laboral es mejor que en resto del Estado" para la mayoría del país es que el empleo es un bien escaso, precario y mal pagado. Y, además, la tendencia es a peor.

Por eso, plantear justo ahora un recorte en las prestaciones por desempleo parece inoportuno, aunque nunca está de más corregir errores y frenar abusos. Que en esto, como en todo en este país de pícaros y picaresca, se producen deshonestidades y fraudes. Si hay que hacer reformas, que sean consensuadas, especialmente con sindicatos y patronal, que es a quienes afecta el asunto. Y siempre, siempre, con el espíritu de diálogo por delante. Vaya esta afirmación por las dos partes, que adoptando posturas enconadas nada conseguirán, sino perjudicar a quien dicen defender: al ciudadano.