La violenta respuesta a una actuación municipal en Formentera cuando el concejal de Urbanismo, el aparejador municipal y dos agentes de la Policía Local se dirigían a unos apartamentos para notificar a sus propietarios la postura del Ayuntamiento por las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en ellos es el punto culminante de la tensión que se ha generado en torno a este ámbito de actuación. La cada vez más férrea política de control urbanístico del equipo de gobierno está haciendo aumentar el clima de crispación, y ayer se produjo un incidente que jamás debería haber tenido lugar. Se quiera ver o no, la revolución impulsada desde el Consistorio, que ya se ha materializado en derribos y precintos, está tocando puntos muy sensibles en la sociedad formenterense, y ayer se sublimó de manera muy grave, lo que no puede traer más que consecuencias funestas para un municipio en el que todo parece engarzado hasta el paroxismo. Que la comitiva municipal tenga que sufrir agresiones cuando no intentaban otra cosa más que cumplir con sus obligaciones, aquellas que la ley les atribuye, merece desde luego una seria reflexión sobre sus puntos claves: la normalidad con la que se ha prescindido de la legalidad a la hora de construir y reformar, la histórica falta de voluntad política por poner freno a esta costumbre y la enorme cantidad de dinero en juego, ahora que la aplicación de la ley pone en peligro su continuidad. Es necesario un aumento de la conciencia de que los desmanes cometidos en el pasado tienen un precio en el presente. Ante un problema tan grave parece lógico que quien no asuma su responsabilidad tampoco merecerá una especial consideración, y que la ley está para hacerse cumplir. Si no es hoy será mañana, pero que en ningún caso está para ser saltada. Y por encima de todo, conservemos la calma: es la mejor base de la Justicia.