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De nuevo se ha destapado la caja de los truenos ante la propuesta de ley de cooperación autonómica del Gobierno de Aznar. Las reacciones no se han hecho esperar y las más contundentes han procedido del president de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, y del presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, que han advertido de la posible inconstitucionalidad de que el Ejecutivo central se cierre al traspaso de competencias pendiente. Aunque, en un intento de quitar hierro al asunto, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, dijo ayer que no se trata de una propuesta agresiva y que si no existe el suficiente acuerdo no se llevará adelante.

Lo que resulta preocupante en toda esta historia no es sólo la propuesta en sí misma, sino la actitud que ha adoptado en los últimos meses el Gobierno, acusando una excesiva prepotencia que no es en absoluto buena para el correcto desarrollo de las cuestiones que afectan al Estado y a su articulación. En este asunto es imprescindible contar con un amplio consenso, especialmente con las autonomías.

Sólo apuntar la posibilidad de cortar el traspaso de competencias pendientes y cerrar cualquier posibilidad de que las comunidades autónomas alcancen mayores cotas de autogobierno va en contra de la lógica evolución que debería seguirse para que los problemas de los ciudadanos puedan ser resueltos por instituciones cercanas y con un mayor conocimiento de causa.

Lógico es que Euskadi y Catalunya expresen su malestar, aunque la peor parte se la lleven otras comunidades como la nuestra, que tienen un techo competencial sustancialmente inferior. Seguir adelante con la propuesta sería regresivo y nada bueno para el futuro.