Desde luego, en cuestión de comunicaciones, ningún ciudadano de Balears tiene a estas alturas la impresión de ser bien tratado por el Gobierno central ni las compañías aéreas. A la decisión de aquel de no declarar de interés público los trayectos con el archipiélago hay que añadir por parte de éstas el agravio comparativo de los precios, la variación constante de programaciones y la búsqueda voraz de beneficios sobre la premisa de que sólo vale el aspecto del negocio en un asunto del que depende en una gran medida la calidad de vida de los ciudadanos. Según se demuestra en una simple comparativa, los viajes entre los distintos aeropuertos de Balears son llamativamente más caros que los de Canarias; a esto hay que sumarle la inexistencia de un enlace directo entre Menorca y Eivissa, un quebradero de cabeza para aquellos ciudadanos que tienen que atender asuntos en una y otra isla de forma continuada, un contraste casi insultante con la forma en que se desempeña el mismo servicio en Canarias. La comparación es apabullante, y no por el hecho de que aquella comunidad autónoma, que sufre problemas muy similares a los nuestros, tenga más de lo que merece, sino porque es Balears la que recibe, indudablemente, menos de todo a lo que tiene derecho. No es un argumento nuevo, pero sigue siendo igual de válido: la aportación de nuestra región al bienestar de todo el país tiene pocas compensaciones, como se recoge una y otra vez en las demandas de ciudadanos, colectivos empresariales y las propias instituciones públicas. No parece, además, que la cosa vaya a cambiar a corto plazo. Parece que los mensajes que se lanzan desde Balears no se escuchan; componen un largo lamento cuyo fin no se vislumbra a corto plazo.