El escándalo de la agencia de valores Gescartera, en esta última
semana en un segundo plano a causa de la actualidad internacional,
ha vuelto a cobrar protagonismo tras la decisión judicial de
decretar el ingreso en prisión de la presidenta de la misma, Pilar
Giménez Reyna, hermana del dimitido secretario de Estado de
Hacienda, Enrique Giménez Reyna, y tras la dimisión de la
presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
Pilar Valiente.
Ciertamente son los tribunales los que deberán decidir el grado
de implicación de cada uno de los imputados y, si procede, imponer
las penas que contempla la ley. Sin embargo, es el momento de
determinar las responsabilidades políticas que puede haber en un
caso de estafa en el que han «desaparecido» 18.000 millones de
pesetas.
No es fácilmente comprensible que, con todos los datos con que
se contaba, desde el Gobierno de Aznar no se forzara la dimisión de
la presidenta de la CNMV mucho antes. Todos los indicios apuntaban
a que Pilar Valiente estaba en una situación difícil y pese a ello
desde el Ejecutivo se la defendió. Finalmente, ante la contundencia
de las pruebas aportadas por la Fiscalía, se ha producido su
dimisión, el mismo día que el juez enviaba a prisión a la
presidenta de Gescartera. Obviamente, al defender a la presidenta
de la CNMV, el Gobierno intentaba evitar que la crisis alcanzara a
dos ministros: Rato y Montoro. Habrá que ver cuál será ahora la
postura de la oposición. Por de pronto, Zapatero hizo ayer una
alusión al vicepresidente económico.
El PP deberá ahora emplearse a fondo para demostrar que ha
actuado correctamente. Rato dijo ayer que la actual mayoría
parlamentaria asume la doctrina de las responsabilidades políticas
sin esperar a los pronunciamientos judiciales. Le faltó decir «y no
como otros», refiriéndose al PSOE. Es cierto que el PP ha obligado
a asumir estas responsabilidades, pero lo lamentable es que en el
caso de Pilar Valiente haya tardado demasiado.
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