La orden de cierre de los dos desguaces de Eivissa saca de nuevo a
la luz la precaria situación de las Pitiüses en lo que se refiere a
tratamiento de residuos. La Conselleria de Medi Ambient ha actuado
con contundencia, pero ha abierto una brecha que puede hacer mucho
más daño del que evita: a partir de ahora, chatarra y papel, entre
otros muchos materiales, no tienen un destino fijo y
previsiblemente serán abandonados por sus propietarios de forma
incontrolada.
Es cierto que ambas empresas no han sido capaces de adaptarse a
las distintas normativas que regulan su funcionamiento a pesar de
que han tenido tiempo de sobra para ello, pero también es cierto
que no existe, hoy por hoy, ninguna forma de cubrir esta demanda,
algo que imperdonablemente han obviado los firmantes de la orden de
cierre. Desgraciadamente, demasiado a menudo nos vemos en esta
tesitura. Es como si las administraciones se olvidaran de que
Eivissa no es un lugar normal de la península, o de Mallorca, en el
que un problema como el provocado por el cierre de plantas se
subsana de forma natural porque, como alternativa, se puede
alcanzar por carretera alguna otra.
Aquí se han cerrado las dos únicas empresas capaces de procesar
y enviar a las plantas de tratamiento adecuadas de la península
todo el material susceptible de ello; y ahí acaba la historia. No
hay alternativas. Con la orden no se ofrece ninguna solución; tan
sólo, el comentario añadido de que es la única forma de forzar que
ambas se sometan a las directrices en vigor y pongan fin a una
situación a todas luces ecológicamente insostenible. De todas
formas, aunque la Conselleria tiene razón en sus pretensiones de
normalizar la situación, también tiene la obligación de mantener al
menos un punto de recogida de desechos. Además de rigurosos, los
políticos tienen que ser constructivos.
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