La Cámara de Comercio ha denunciado que las empresas de Balears
tienen que pagar cuatro veces las tasas portuarias por el
transporte de mercancías, lo que supone un gasto total de 4.183
millones de pesetas y representa un lastre más para el hecho
insular. Es más, según la Cámara, la implantación del Régimen
Especial no compensaría este enorme desfase, ya que sólo contempla
unos trescientos millones de pesetas para paliar el efecto
encarecedor de estas tasas.
Las instituciones competentes en la materia deberían pensar que
el transporte de mercancías a través de las autovías, autopistas y
carreteras de la Penísula no está gravado con ningún cargo, salvo,
claro está, el precio mismo del transporte. Pero para que los
productos lleguen a nuestra Comunitat Autònoma es preciso que lo
hagan por mar y eso implica que las empresas tengan que hacer
frente a las cargas impositivas de los puertos, tanto de salida
como de llegada. Y es precisamente por ello por lo que los precios
finales en los mercados sufren un encarecimiento que acabamos
pagando todos los ciudadanos de Balears.
No es de extrañar, por tanto, que con tantos factores
diferenciales a la contra, las grandes cifras macroeconómicas de
las Islas puedan reflejar en los últimos meses una situación algo
más desfavorable que la del resto de las comunidades del Estado.
Además, lógicamente, de las mayores dificultades de las economías
de las empresas y de las familias al tener que soportar todos los
inconvenientes del hecho insular sin que, por el momento, se haya
dado un reconocimiento adecuado que sirva para erradicar
definitivamente el agravio comparativo que sufrimos con respecto a
otras comunidades peninsulares. Un reconocimiento que más que una
reivindicación se trata de una simple cuestión de justicia y
equidad.
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