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Lo que acaba de ocurrir en la Universidad del País Vasco se parece demasiado a aquellas tristemente célebres quemas de libros que llevaron a cabo instituciones como la Inquisición y la Alemania nazi. Cualquiera, a la entrada del siglo veintiuno, en cualquier parte del mundo, considerará que atentar "o intentarlo" contra la libertad de pensamiento y de expresión es más propio del medievo y de las sociedades totalitarias que de la Europa de hoy. Por eso el crimen que ETA quiso perpetrar ayer en la Universidad es doblemente condenable. Porque trataba de segar la vida de estudiantes y profesores y porque, además, constituía un claro mensaje contra quienes se dedican al periodismo o se preparan para ello: no consentirán que en Euskadi se hagan públicas determinadas opiniones y se progaguen determinados puntos de vista, los que no les convienen a ellos, es decir, los que ensalzan valores tan castigados allí como la tolerancia, la democracia, la libertad y el libre albedrío.

El propio rector de la institución académica, horrorizado por el atentado fallido, ha hecho un llamamiento muy directo al lehendakari Ibarretxe y a su Gobierno para que se pongan manos a la obra para detener a los culpables, haciendo todo lo posible para resolver el problema de la violencia en el País Vasco. Quizá ha sido una vaga, pero reveladora, alusión a la necesidad de que también el PNV y EA "socios en el Gobierno vasco" hagan un esfuerzo para adherirse a ese pacto antiterrorista que firmaron PP y PSOE y al que estudian agregarse más partidos políticos. No será fácil, desde luego, y menos con la advertencia anticipada de PP y PSOE, que ya han dicho que el texto no se modificará. Una postura que dificultará la unión al acuerdo de fuerzas como Izquierda Unida, Convergència i Unió y los propios nacionalistas vascos.