El PSOE de Ibiza ha iniciado una campaña informativa para denunciar los alquileres «desorbitados» que sufre la isla. Para los socialistas la culpa es del PP al no declarar Ibiza como zona tensionada y, por lo tanto, no regular el precio de los alquileres. El líder de los socialistas ibicencos, Vicent Roselló, afirma que si declarase Ibiza como zona tensionada los precios bajarían entre un 30 y un 50 por ciento. Sin embargo, la aplicación de esta regulación no está funcionando en las pocas comunidades autónomas donde se está aplicando.
Menos oferta.
Es llamativo que, a pesar de lo que dicen unánimemente los expertos, se mantenga la idea de que regulando los precios habrá más oferta de alquiler y los precios bajarán. Eso no es lo que está ocurriendo por ejemplo en Cataluña, donde los precios han bajado un 5 por ciento, no un 30 ni un 50 como afirma Roselló, y la oferta ha bajado más de un 17 por ciento. Es decir, cuando se regulan los precios a la baja lo que ocurre es el efecto contrario del que se persigue: baja la oferta.
Proteger al propietario.
El problema de la vivienda ya lleva mucho tiempo instalado en Ibiza y ha habido tiempo suficiente para analizar la situación con un mínimo de rigor. Es un clamor que la declaración de zona tensionada ha fracasado en su aplicación y es una receta que si se aplicase en Ibiza empeoraría la situación. La alternativa ahora mismo para incrementar la oferta y reducir los precios pasa por proteger a los propietarios, que es algo que los distintos gobiernos no han hecho excepto ahora el de Prohens con el plan ‘Lloguer segur’. Regular, prohibir e imponer a los propietarios no es una solución para sacar más viviendas al mercado. Por el contrario, la alternativa es proteger, garantizar y ayudar a aquellos dueños de viviendas de alquiler, que al final son los únicos que pueden solucionar la falta de oferta ante la inacción de la administración. Todo lo demás es pura demagogia que no conduce a nada. Tampoco debe ser una gran idea la declaración de zona tensionada cuando hay muy pocos gobiernos socialistas que la hayan impuesto allí donde gobiernan.
