Una financiación autonómica que perjudica a Baleares

Los criterios que se aplican para la financiación de las autonomías llevan ya una década caducados. Aprobados en julio de 2009 con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP, tenían que haber sido revisados y actualizados cinco años después, pero hoy sigue en vigor un modelo que no responde a la realidad de la evolución demográfica y la población ni los cambios que se han registrado. Y en el caso de Baleares, resulta particularmente gravoso para los ciudadanos y las empresas de las Islas al ser una de las tres comunidades –junto con Madrid y Cataluña– que es aportadora neta a la solidaridad territorial, lo que implica la pérdida de recursos fiscales, que reciben otras autonomías. Este lesivo sistema puede ser aún más pernicioso para el Archipiélago si, en virtud del pacto acordado por ERC y el PSC-PSOE para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat –un acuerdo político cuya letra pequeña y trascendencia aún se desconocen– Catalunya recaudará y gestionará todos sus impuestos, tal y como ya se ha anunciado que pasará.