Editorial04/08/24 0:30
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El cierre de un establecimiento comercial en la carretera de Santa Gertrudis esta semana por carecer de licencia para la actividad que venía realizando desde hacía muchos años ha generado cierto revuelo social en Ibiza. Los responsables de este negocio de decoración afirmaron que desconocían la existencia de una sentencia judicial que ordenaba la clausura de la actividad. Santa Eulària, por su parte, defiende que la decisión se fundamenta en criterios técnicos y se ajusta a la ley, por lo que si no están conformes y consideran que hay algún aspecto que no se ajusta a derecho, los responsables de este negocio pueden recurrir. Este cierre no ha sido el único que ha determinado el Consistorio de la Villa del Río, pues en esa misma carretera de Santa Gertrudis se ordenó el cierre de una frutería por infracciones urbanísticas y porque no tenía licencia de supermercado cuando venía ejerciendo esa actividad. A ello se suma, además, que el pasado mes de junio el Consistorio dirigido por Carmen Ferrer interpuso una multa de 183.000 euros a un establecimiento turístico de Cala Llonga por ampliación de sus actividades permitidas. En este último ejemplo, la propiedad ha manifestado su intención de legalizar todas o parte de las ilegalidades que habían cometido, algo que estudiará Santa Eulària conforme lo fijado en la normativa.

Los datos.
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha recaudado cerca de dos millones de euros desde enero del año pasado hasta lo que llevamos de 2024 en multas a grandes infractores por expedientes abiertos en materia urbanística o de actividades. Las infracciones que detecta la Villa del Río son de lo más variopintas: desde ampliaciones de hoteles sin licencia, ampliaciones de vivienda también sin licencia y hasta un local que funcionaba como cafetería, centro de yoga y guardería de niños, todo ello sin permisos y sin reunir las condiciones necesarias para ejecutar este tipo de negocios.

Diligencia y efectividad.
El departamento de Urbanismo de Santa Eulària, dirigido por la propia alcaldesa Carmen Ferrer, funciona de manera diligente y efectiva, tal y como demuestran los resultados, demostrando a su vez que no hay cabida para las ilegalidades urbanísticas ni de ningún otro tipo en el municipio. Al mismo tiempo, se lanza un mensaje bien claro a quienes estén pensando en infringir la normativa urbanística y de actividades del municipio: no todo vale en la Villa del Río.