EditorialIbiza 03/08/24 0:30
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La primera reunión de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se celebró en el Consolat de Mar de Palma este martes pasado, concluyó con un sonoro y severo reproche de la jefa del Ejecutivo autonómico al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. «No aceptaremos ningún tratamiento singular que acaben pagando los ciudadanos de Baleares», advirtió Prohens, en referencia al acuerdo que han suscrito el PSC-PSOE y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Este pacto, cuyo contenido y letra pequeña aún se desconocen, convierte de facto a Cataluña en la tercera comunidad con un tratamiento fiscal propio, similar al que ya usufructúan en la actualidad Euskadi y Navarra, que en su día invocaron derechos forales por su condición de comunidades históricas. El acuerdo ha soliviantado y puesto en pie de guerra a los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP y también, como es habitual, a Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, además de a otros presidentes de comunidades socialistas. Al mismo tiempo suscita el desacuerdo de los socios parlamentarios de Compromís. Advierten que no apoyarán el acuerdo en el Congreso sino se aborda a la vez el problema de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

Sobrecostes de insularidad   

Sorprende que el presidente Pedro Sánchez establezca comparaciones entre la nueva financiación específica para Catalunya y el Régimen Especial de Baleares (REB), porque significa mezclar churras con merinas. El archipiélago en su conjunto –la sociedad, la economía, los residentes y las empresas– soportan unos elevados sobrecostes de insularidad que no son compensados como se merecen por parte del Gobierno central.

Régimen fiscal propio para Baleares

Las Islas Baleares tienen, como comunidad histórica, el mismo derecho que Cataluña a obtener un régimen fiscal propio. Las Islas no pueden seguir estando mal financiadas para todo lo que aportan. La solución pasa por una reivindicación firme en la que participen las instituciones y la sociedad civil de Balears.