Uso partidista de los organismos del Estado

Vida privada
La Fiscalía, la Agencia Tributaria, además de los jueces, tienen unas normas que deben cumplir. Una de ellas es no difundir datos que afectan a particulares, pero eso no ha ocurrido con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, alguien que no tiene nada que ver con la política y que ha visto cómo en unas horas todos sus problemas fiscales han sido aireados hasta por la propia ministra de Hacienda. Hacer una comparación de este caso con las ayudas recibidas por la mujer de Sánchez por parte de Air Europa, rescatada por el Gobierno, es del todo absurdo.

Sintonía institucional
A partir de ahora la Fiscalía debería averiguar qué órdenes se dieron desde el Ministerio de Hacienda para que se difundiese la situación fiscal de la pareja de Ayuso. Y también explicar cómo la ministra Montero daba por hecho que la información era pública horas antes de que los primeros medios se hicieran eco de la investigación fiscal. Al margen de la polémica política sobre este asunto, donde cada uno es libre de hacer lo que considere, sí es preocupante la indefensión con la que puede encontrarse cualquier ciudadano por culpa de un Gobierno que ha decidido utilizar todos los estamentos públicos, desde el CIS hasta la Fiscalía, para su beneficio político. Lo que ha ocurrido en los últimos días es impropio de un país democrático serio y merece una investigación rigurosa. Hay que llegar hasta el final porque hay líneas rojas que no deberían cruzarse nunca.