Editorial17/12/23 0:31
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Cuando estalló la crisis de Formentera y Sa Unió denunció que el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, había solicitado un sobresueldo de unos 4.000 euros al mes la izquierda pidió pruebas. Dijo que no le bastaba la denuncia política y reclamó que se demostrase todo lo que Sa Unió denunciaba. De hecho, no conviene olvidar que el propio Córdoba explicó en una entrevista en Radio Illa que había estado negociando compensar sus gastos porque, señalaba, lo que ingresaba del Parlament no le bastaba. Llegó a decir que perdía dinero cada vez que acudía a Palma, a pesar de que ingresa unos 25.000 euros de dietas y tiene la posibilidad de percibir otros 210 euros en concepto de gastos, que incluye la manutención, el alojamiento y los taxis aparte.

Existen pruebas.
Sa Unió tiene pruebas. Son grabaciones que, como adelantó en exclusivas este medio, demostrarían todo lo que ha denunciado la coalición sobre lo que ha sido el comportamiento del presidente del Consell de Formentera desde que inició la legislatura. Y hay varias grabaciones. Bajo la excusa de que pueden ser ilegales porque Córdoba no consintió dicha grabación. La doctrina del Tribunal Supremo señalaa que si una persona graba la conversación y participa de forma activa en ella sí es legal la grabación. Es ilegal cuando ninguno de los interlocutores saben que están siendo grabados.

Escuchar las grabaciones.
A los dirigentes del PSOE o GxF no se les pide nada más que escuchen las grabaciones que les han puesto a su disposición desde Sa Unió. Escuchar estas grabaciones tampoco es ilegal, pero al menos sabrían si es cierto lo que denuncia la coalición de centroderecha de Formentera. No escuchar dichas grabaciones es una excusa barata para no tener que adoptar ninguna decisión al respecto, pero al no hacerlo tanto Rafa Ramírez como Alejandra Ferrer se convertirán en cómplices de mantener en el cargo a un dirigente político cuya única preocupación era su propio interés personal.