Dudas ante la aplicación de la Ley de la Vivienda

Criterios de aplicación

A la hora de instar un desalojo, la normativa obliga a los propietarios a demostrar no solo un impago de alquiler o una okupación ilegal de un bien de su propiedad sino que no son grandes tenedores o que ese inmueble se destina a vivienda habitual. No basta con una declaración responsable sino que exige un certificado del Registro de la Propiedad, lo que encarece el procedimiento y crea dudas sobre qué pide exactamente el legislador. Tampoco ha contemplado la normativa ninguna disposición transitoria y buena parte de la aplicación queda en manos del uso que quieran hacer de la norma las distintas comunidades autónomas. El nuevo Govern de las Islas ya ha anunciado que no la exprimirá a fondo. La confusión generada ha obligado a los jueces a acordar criterios comunes, algo que sería innecesario con una ley más clara.

Falta de medios

Incluso con todas esas dudas que genera, sobre la normativa se aprecia una amenaza mayor: la falta de medios. Los juzgados están saturados y no pueden agilizar las demandas. Los organismos públicos que tienen que intervenir ahora de manera obligatoria ante un alzamiento, como las oficinas municipales, tardan meses en mediar y en buscar soluciones. Con esos mimbres, el efecto indeseado es que los propietarios desconfíen, eviten el alquiler, sean más restrictivos o suban los precios ante el riesgo.