El Govern ha decidido llevar a la Fiscalía el expediente de compra de 88 viviendas de Metrovacesa acordado pocos días antes de las pasadas eleccciones del 28 de mayo por el anterior gobierno progresista, presidido por la socialista Francina Armengol. Los nuevos gestores han encontrado, en su opinión, serias deficiencias en la operación –que se encuentra paralizada por orden judicial a instancias de la propia promotora– hasta el punto que consideran que deben ser el Ministerio Público el que debe analizar la documentación y evaluar la posibilidad de investigar las eventuales responsabilidades administrativas y penales de los responsables. Mercedes Garrido, diputada y portavoz socialista en el Parlament, defiende la limpieza e idoneidad del acuerdo y acusa al Govern conservador de actuar con criterios políticos y contra la accesibilidad a una vivienda digna de las capas sociales más desfavorecidas.
Un supuesto ‘pelotazo’ que Fiscalía debe aclarar
Ibiza21/07/23 0:30
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