El plan del Consell de Mallorca para localizar y sancionar la oferta de alquiler vacacional ilegal plantea serias dudas sobre su viabilidad con el ordenamiento jurídico vigente, entre otras razones, debido a su formulación en base a simular por parte de los inspectores la contratación de los inmuebles para cazar a los infractores y tramitar las denuncias. La estrategia no tiene precedentes en la actuación de la Administración española, tampoco en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de perseguir a los delincuentes. Admitirlo sería dar por bueno el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios.
Un interés fingido.
Forzar una contratación fingida sería la base con la que el Consell pretende que sus inspectores pongan coto a la oferta de alquiler vacacional en edificios plurifamiliares, un intento de pillar ‘in fraganti' a los propietarios para poder aplicar las severas sanciones y así disuadir esta práctica. El objetivo puede ser loable –se desconoce si cuenta con el aprobado de los servicios jurídicos–, pero las dudas sobre la legalidad del procedimiento previsto están más que justificadas y no sería descartable que, incluso, los propios funcionarios objeten sobre su aplicación. De llevar adelante la iniciativa, el Consell corre el riesgo de que ésta quede bloqueada ente los tribunales. En este caso, las consecuencias empeorarían la situación.
Máximas garantías jurídicas.
El mayor éxito del Consell de Mallorca frente al alquiler ilegal de viviendas vacacionales será el de la ejemplaridad en las sanciones cuando corresponda, pero siempre dentro de la legalidad. La Administración en su conjunto no puede ni debe actuar por impulsos. Siempre son preferibles pequeños avances que se consolidan que grandes acciones que acaban estrelladas en los juzgados. El tema es de enorme trascendencia y no puede quedar sometido al oportunismo coyuntural o al mero electoralismo.
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