Los datos son muy significativos. Casi dos mil millones de euros en nóminas y un incremento del 56 % de la plantilla de trabajadores públicos de la Administración autonómica desde 2015, cifra que tiene su explicación en el desbloqueo de la convocatoria de oposiciones en los últimos años y también en la necesidad de atender la demanda creciente de servicios por parte de los ciudadanos; en especial en las áreas de la sanidad, la educación y el resto de prestaciones sociales. La evolución al alza en las dotaciones de personal no siempre se percibe como una mejora de la calidad por parte de los usuarios, circunstancia que pone sobre la mesa los niveles de eficiencia.
El 17 por ciento
El Instituto Nacional de Estadística (INE) detalla que alrededor de un 17 por ciento de los trabajadores españoles está en el sector público, circunstancia que supone que en Balears y a cuenta de la Comunitat Autònoma asciende a 31.686 el número de personas que trabajan con cargo a los presupuestos autonómicos. Las plantillas públicas adolecen de una notable inflación si se compara con países de nuestro entorno, pero siguen detectándose carencias importantes. No resulta sencillo, por no decir imposible, analizar cómo y dónde se puede mejorar la prestación de los servicios públicos sin que la carga laboral crezca hasta límites que lleguen a ser insostenibles.
Aligerar la Administración
Como objetivo global parece adecuado abordar la conveniencia de aligerar de personal nuestra Administración, pero para ello también es necesaria la modernización de sus estructuras internas y la dotación de medios. Asimismo resulta obvio que la ampliación de los servicios públicos, como demanda la propia sociedad, obliga a tener que asumir la incorporación de trabajadores en la Administración. La cuestión central es si con este esfuerzo financiero se cubre la demanda con eficacia; ahí está el debate.
