El último dato referido al Índice de Precios al Consumo (IPC) en nuestro país alcanza un incremento del 10,5 por ciento, dato que en el caso de Balears llega hasta el 10,7 por ciento. Se recuerda con insistencia los efectos directos que sobre la economía personal tiene una inflación tan elevada, en especial en su impacto sobre la pérdida de poder adquisitivo por parte de los consumidores. El lógico efecto cascada provocado por los elevados precios de los combustibles durante el segundo trimestre del año ya se ha materializado y quizá con una contundencia que ha sorprendido incluso a los expertos. Estos prolongan los efectos negativos de esta situación hasta bien entrado el próximo año.
Un problema generalizado
La actual espiral de precios provoca inquietud, sobre todo a medida que avanza hacia sectores cada vez más sensibles. Primero fue la energía –que sigue desbocada– y ahora ya ha entrado de lleno en la cesta de la compra; en los productos de primera necesidad. Las comparaciones en el área de la alimentación –por ejemplo, los productos frescos– son demoledoras. Aquí no puede hablarse de mera sensación. Los datos confirman la enorme pérdida de poder adquisitivo de las familias y de manera muy grave de los colectivos más vulnerables de la sociedad española. Con todo, y sin que sea un consuelo, el problema se comparte con la práctica totalidad de países occidentales.
Acciones coordinadas
Mientras que el conflicto bélico en Ucrania no quede resuelto –y no lo estará a corto ni a medio plazo–, es preciso que se arbitren medidas conjuntas en el seno de la UE para evitar un rosario de ocurrencias de dudoso resultado final. Topar precios, revisar la fiscalidad, buscar alternativas de suministro, eliminar normativismo obsoleto, aplazar la aplicación de exigencias medioambientales... Son propuestas de estudio para salvar un trance económico tan complicado y con tanto impacto social.
