Durante la semana que mañana comienza está previsto que se reúnan los presidentes del Gobierno y de la Generalitat catalana, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, respectivamente. El encuentro tiene por objeto limar las severas diferencias políticas que ha generado el llamado ‘caso Pegasus' basado en escuchas telefónicas a dirigentes independentistas –entre ellos el propio Aragonès– por parte del Centro Nacional de Inteligencia. La directora del CNI, Paz Esteban, ha admitido en sede parlamentaria escuchas a una docena de personalidades del independentismo catalán, pero siempre con la preceptiva autorización judicial aunque no parece razonable pensar que el Ejecutivo las desconociese.
El Gobierno como víctima
En una maniobra que se ha interpretado como de despiste a la indignación de los independentistas, el Gobierno también se ha alineado como víctima en el ‘caso Pegasus', al admitir –en una reacción insólita– que los terminales del presidente Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también han sido objeto de escuchas; en su caso ilegales. Esta circunstancia se compartiría con el medio centenar largo de independentistas que también han sido espiados sin conocerse la autoría ni los fines que se perseguían. La tesis gubernamental no ha calmado los ánimos de los grupos que prestan su apoyo parlamentario al Gobierno, incluso con desmarques de su socio, Unidas Podemos.
Cita determinante
Aunque todavía no se ha dado a conocer el día y el lugar de la cita entre Sánchez y Aragonès, todo indica que de su resultado dependerá el futuro de la legislatura. Los aliados del PSOE se distancian del Gobierno por diferentes motivos complicando la estabilidad institucional, aunque ya esté superado el trámite de la aprobación de los presupuestos del Estado. No resultará sencillo recuperar la confianza perdida tras todo este episodio.
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