EditorialIbiza24/04/22 3:59
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Más de medio centenar de personas vinculadas con el movimiento independentista en Catalunya ha sido objeto de espionaje en sus comunicaciones, mediante la aplicación de la aplicación Pegasus, circunstancia que ha provocado el distanciamiento del Gobierno –al que los afectados responsabilizan de lo ocurrido por medio del Centro Nacional de Inteligencia– con respecto a las formaciones que le dan su apoyo parlamentario; una actitud que comparten incluso sus socios de Unidas Podemos. Todavía se desconocen todos los detalles de este episodio, tanto con respecto a la autoría como sus fines. Lo cierto es que ha abierto un nuevo frente político y ensombrece la calidad democrática del país; una operación de estas características sólo debería tener cabida bajo el amparo judicial.

Escuchas indiscriminadas

La defensa de los postulados independentistas en España es perfectamente legal, nada ni nadie puede cuestionar su defensa siempre que se realice con arreglo a la legalidad y los márgenes constitucionales. Por tanto, una acción de estas características merece ser aclarada hasta sus últimas consecuencias, el Estado debe ser el primer en cumplir con todas las garantías democráticas y ninguna de sus instituciones puede actuar al margen de las leyes. Por tanto, el Gobierno debe investigar si se está ante una iniciativa personal o colectiva desconectada de la escala de mando o, por el contrario, las escuchas formaban parte de acciones que cumplían indicaciones políticas.

Depurar responsabilidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe ser el primer interesado en indagar lo ocurrido si quiere recuperar el diálogo institucional con Catalunya, además de calibrar las consecuencias de la pérdida de apoyos parlamentarios para el resto de la legislatura. Lo sucedido es de una gravedad extrema y pone en entredicho toda la democracia española.