Una ley educativa sin consenso político ni social

Objetivos rebajados.
Los sindicatos del sector educativo ponen especial énfasis en la rebaja de determinadas expectativas, en especial en la autonomía de los centros, inversiones y el ratio de alumnos. Los planteamientos iniciales desde la Conselleria d'Educación en esta ley eran mucho más ambiciosos, en especial para su titular, Martí March. Los acuerdos alcanzados con los agentes sociales no se han plasmado en los términos previstos, tal y como denuncian sus portavoces. El boquete puede ser una fuente de conflictos en el futuro en un colectivo tan sensible y concienciado como es el educativo.

El acuerdo lingüístico.
El descontento también alcanza al Partido Popular, la formación llamada a ser alternativa en el Govern y que ha denunciado la ruptura del consenso alcanzado en la cuestión lingüística. Las presiones de los socios ecosoberanistas del Govern, Més, han desbaratado el pacto sobre la inclusión del castellano como una de las opciones de lengua vehicular en los centros educativos –siempre respetando el decreto de mínimos–. La redacción de la ley final abre la puerta a un indeseable recurso de inconstitucionalidad, cuyo incierto final asegura mantener viva la pugna sobre nuestro modelo linguístico en la enseñanza.