El Govern aprobó este viernes el decreto ley de circularidad y sostenibilidad turística tan esperado por el sector turístico tras la expectación creada durante las últimas semanas después de la fallida presentación en Fitur sin que hubiese un simple borrador para estudiarlo. Al margen del rimbombante nombre de este decreto ley, lo más reprobable es la nula voluntad de Armengol y Negueruela de pactar la normativa con el Consell d'Eivissa, que recibió el documento cinco minutos antes de aprobarse.
La formas son importantes.
Un Govern que presume de practicar el consenso debería aplicarlo con todas las consecuencias. No basta con consensuar el decreto con patronales y sindicatos, hacerse fotos a diestro y siniestro, además de entregar los borradores a las instituciones del mismo color político. Armengol ha fallado estrepitosamente al promocionar su ley turística en Madrid y Barcelona mientras ha negado al Consell d'Eivissa la posibilidad de disponer de un simple documento para su discusión, sobre todo porque será el gobierno insular el que deberá aplicarlo al tener las competencias en materia turística. En un asunto tan importante no debería prevalecer el color político, como parece que ha ocurrido con este decreto ley.
Los hoteleros, en contra.
El decreto ley, del que habrá tiempo de analizar su contenido, tampoco cuenta con el respaldo de los hoteleros ibicencos, sobre todo por las formas utilizadas por el Govern. Es cierto que las moratorias no se anuncian, pero resulta sorprendente que mientras el decreto tiene el respaldo de los hoteleros mallorquines, siempre tan dispuestos a aplaudir todo lo que hacen Armengol y Negueruela, los ibicencos hayan cuestionado los tiempos y las formas practicados desde Mallorca. Ha habido tan poca comunicación por parte del Govern que ni siquiera ha acertado con el número de las plazas turísticas que hay en Ibiza. Demasiados fallos en las formas para una ley tan importante y que afecta al principal motor de la economía pitiusa.
