Con un mes de retraso debido a la situación sanitaria que imperaba hace treinta 30 días en Mallorca, ayer se celebró en Palmanova el acto en memoria de Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada, los guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA el 30 de julio de 2009 en esa localidad. Desde entonces, el homenaje a las víctimas de ese atentado ha sido una cita fija en la agenda de los diferentes alcaldes que han presidido durante todos estos años el Ajuntament de Calvià, tanto en la de los populares Carlos Delgado y Manuel Onieva como en la del socialista Alfonso Rodríguez. Se trata de una muestra de unidad esencial para pasar definitivamente la página del terrorismo etarra.
Unidad y justicia.
Pero además de unidad política, también procede juzgar a los asesinos. En este sentido, acertó ayer la presidenta del Govern, Francina Armengol, al recordar que aún no se ha hecho justicia a las víctimas de Palmanova. Las muertes de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada se suman a las 377 que todavía quedan por esclarecer y cuyos autores siguen impunes, al no haber sido detenidos, juzgados ni condenados por un tribunal. También siguen libres y sin identificar los terroristas que, 11 días después, sembraron el pánico con una cadena de explosiones en tres restaurantes de Palma.
Investigación en el limbo.
Los dos guardia civiles a los que ETA adosó hace 12 años una bomba lapa en los bajos de su coche patrulla son las dos últimas víctimas de la banda terrorista en territorio nacional. Desde entonces, los etarras no han vuelto a asesinar en ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, siguen siendo demasiados los atentados cuya autoría, como su investigación policial, sigue en limbo. Mientras esto no se resuelva, la de ETA será una puerta cerrada en falso y una constante oportunidad perdida para rubricar el punto y final a este triste capítulo de la historia de España.
