Freno a las fiestas ilegales

Pocos instrumentos jurídicos.
El hecho de que las fiestas se celebren mayoritariamente en domicilios privados resta capacidad jurídica para combatirlas, ya que los domicilios son inviolables sin orden judicial. La falta de efectivos policiales que denuncian los sindicatos en la Policía de Sant Josep, el municipio más extenso de la isla, también es una rémora notable para combatirlas con éxito. Aun así, son constantes las actuaciones de las policías locales y la Guardia Civil que intervienen al recibir los avisos de denuncia de los vecinos. Es censurable que el Govern balear se haya desentendido de la problemática y haya traspasado toda la responsabilidad al Consell d'Eivissa, una administración que carece de capacidad normativa. Esta laxitud supone, además, una contradicción con las medidas tan severas que ha venido imponiendo el Govern de Francina Armengol en los meses previos a la temporada con el objetivo de empezarla en una situación epidemiológica óptima que, lamentablemente, ha sido imposible mantener con el incremento de la movilidad. Y también una irresponsabilidad, ya que se ha venido demostrando desde el inicio del verano que el ordenamiento jurídico actual es insuficiente para poner coto a esta práctica dañina.

Foco de transmisión.
Concentraciones de centenares de personas sin ningún control han contribuido al incremento de la transmisión del virus, con el agravante de la dificultad de poder rastrear los contactos, ya que en estos eventos coinciden personas que no se conocen entre ellas, en su mayoría, además, extranjeros.