La directora de Salud Pública, investigada

Procedimiento penal.
Maria Antònia Font tiene que hacer frente, de momento, a una denuncia penal por una causa tan grave como es la detención ilegal; un procedimiento exagerado cuando –sin querer en el fondo del asunto– el objetivo del confinamiento forzado del grupo de adolescentes era evitar la propagación del virus. Frente a la ciudadanía, la postura del Juzgado de Instrucción número 12, al actuar de este modo contra Maria Antònia Font, plantea –más allá de las garantías procesales que ofrece la consideración de investigada– la necesidad de reflexionar sobre un uso exagerado del Código Penal. No hay, hasta el momento, ningún indicio que haga sospechar de una intención dolosa por parte de la directora general en su decisión.

Garantías jurídicas.
Cualquier ciudadano debe tener el derecho de reclamar todas las garantías jurídicas frente a la Administración, pero se antoja torticero recurrir a figuras penales para resarcir el procedimiento que se arbitró desde la Conselleria de Salud para controlar la diseminación del virus y proteger a la población de nuevos contagios. Episodios como éste, a la espera del pronunciamiento definitivo, acrecientan el recelo ante el estamento judicial de nuestro país.