El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha llamado a declarar a la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, como investigada por un presunto delito de detención ilegal. La decisión es la consecuencia de la denuncia formulada por una madre de los jóvenes que fueron confinados en el hotel COVID del Paseo Marítimo el pasado mes de junio, cuando se detectó un macrobrote en Mallorca entre los muchos participantes en viajes de estudios procedentes de la Península. En esta ocasión, la titular del Juzgado ha decidido tomar declaración a la directora general sin esperar a la ratificación de la denuncia contra Font, que tiene dos querellas más pendientes por prevaricación.
Procedimiento penal.
Maria Antònia Font tiene que hacer frente, de momento, a una denuncia penal por una causa tan grave como es la detención ilegal; un procedimiento exagerado cuando –sin querer en el fondo del asunto– el objetivo del confinamiento forzado del grupo de adolescentes era evitar la propagación del virus. Frente a la ciudadanía, la postura del Juzgado de Instrucción número 12, al actuar de este modo contra Maria Antònia Font, plantea –más allá de las garantías procesales que ofrece la consideración de investigada– la necesidad de reflexionar sobre un uso exagerado del Código Penal. No hay, hasta el momento, ningún indicio que haga sospechar de una intención dolosa por parte de la directora general en su decisión.
Garantías jurídicas.
Cualquier ciudadano debe tener el derecho de reclamar todas las garantías jurídicas frente a la Administración, pero se antoja torticero recurrir a figuras penales para resarcir el procedimiento que se arbitró desde la Conselleria de Salud para controlar la diseminación del virus y proteger a la población de nuevos contagios. Episodios como éste, a la espera del pronunciamiento definitivo, acrecientan el recelo ante el estamento judicial de nuestro país.
