Ibiza21/04/21 4:01
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Conforme avanza la investigación sobre el puerto de Ibiza que viene publicando Periódico de Ibiza y Formentera desde el pasado lunes 17 de abril son más sonoros los silencios de los principales implicados, Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Ibiza y Marina Ibiza, y del resto de medios de comunicación de Ibiza y también de Baleares. Todos parecen haberse confabulado para aplicar una suerte de omertà, la ley del silencio de los mafiosos sicilianos con el objetivo de capear el temporal hasta que escampe. El Partido Popular se ha sumado a Ciudadanos y ha abandonado su incomprensible y cómplice tibieza de los primeros días; al menos ha tenido la decencia de exigir una explicación pública al acalde, Rafa Ruiz, y se ha mostrado dispuesto a asumir su parte de responsabilidad en este caso, puesto que, no hay que olvidar que las principales irregularidades se han venido produciendo desde 2008 y, por lo tanto, bajo gobiernos del PSOE y del PP. Veremos si se trata de una manera declaración cosmética para cubrir el expediente o se atreve a cuestionar en el próximo pleno del Ayuntamiento la intervención municipal y llevarla al Parlament balear, ya que el presidente de la APB es nombrado por el Govern y el consejo de administración cuenta con dos consellers baleares entre sus filas para algo más que para cobrar 927,21 euros de dieta de asistencia.

Un premio incomprensible.
Lo que ha sucedido en el puerto de Ibiza y, especialmente, en Marina Ibiza es un escándalo mayúsculo que no puede ni debe quedar impune. Es una exigencia moral que Ayuntamiento de Ibiza y Autoridad Portuaria expliquen cuál ha sido su actuación y por qué han permitido e incluso impulsado obras que no podían tener licencia y negocios que no pueden tener licencia de actividad bajo la burda apariencia de que son edificaciones desmontables que cuentan con una autorización de ocupación temporal. Y cuáles son las razones que justifican que Marina Ibiza, la empresa que se ha saltado la concesión de 2006 desde que empezó a gestionar la instalación fuera premiada en 2018, con una ampliación de la concesión de 6,8 años innecesaria e imposible de cumplir ya que incluye ampliaciones que no pueden ser ejecutadas hasta que no haya plan especial.