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La Constitución incluye entre los derechos fundamentales la inviolabilidad del domicilio. Y el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sentenciado que el concepto de vivienda también abarca las habitaciones de hotel, las caravanas y los turismos. No está amparado por las leyes la entrada por la fuerza sin contar con la preceptiva autorización judicial o bien cuando se comete un delito evidente. Hay que respetar el derecho a la intimidad de las personas. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pretende justificar la entrada de la Policía en pisos turísticos donde se celebraban fiestas ilegales que incumplen las restricciones por la pandemia, e incluso va más lejos al negar que los cuerpos y fuerzas de seguridad estén «violentando» los derechos fundamentales.

Autocrítica y admitir el exceso
Estas actuaciones policiales, además de desproporcionadas, son inconstitucionales, y no pueden ser amparadas por un ministro del Gobierno, obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. El domicilio es inviolable y el titular de Interior no puede apoyar que los agentes derribasen la puerta para entrar. En lugar de ejercer la autocrítica y admitir el exceso, Grande Marlaska persiste en el error, lo que recobra la actualidad de la dimisión, en 1993, del ministro José Luis Corcuera al anular el Tribunal Constitucional el artículo de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana relativo a la «patada en la puerta». Porque el fin nunca justifica los medios.

Respetar el Estado de Derecho
Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional ha anulado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y condena al Ministerio de Interior a su reingreso en el puesto. La sentencia concluye que el cese era ilegal y el departamento del juez, hoy ministro, Grande Marlaska incurrió en una desviación de poder. Cabe el recurso, obviamente, pero es preciso respetar y aplicar los principios del Estado de Derecho.