El controvertido control en los bares

Criminaliza a todo el sector.
La difusión de las pretensiones del Govern ha generado una lógica polémica ciudadana, de la que se han hecho eco medios nacionales. Al margen de las dudas sobre la legalidad, revelar la identidad de los clientes supone una incomodidad tanto para quien debe darla como para quien debe recibirla y, aún peor, custodiarla durante 30 días. El objetivo del Govern es bienintencionado, pero la aplicación de la medida genera muchas dudas, además de estigmatizar y criminalizar al sector de la hostelería una vez más, cuando no se ha demostrado que se hayan producido un número relevante de focos en los establecimientos.

Consistencia jurídica y técnica.
Tal y como ha presentado el proyecto el Govern, da la impresión de que se trata de una formulación imaginaria; el deseo de controlar todos los movimientos de la población para atajar el virus. Por esta misma regla podría aplicarse la identificación a los clientes de un comercio en función de su tiempo de estancia o los asistentes a un espectáculo. Cualquier aspecto de la vida cotidiana es susceptible de generar un contagio. Lo razonable es asegurar la viabilidad jurídica de la norma y flexibilizar su aplicación. Es evidente que antes de aplicar medidas de este tipo, el Govern y el Gobierno deben trabajar en que la aplicación Radar Covid dé los resultados esperados, ya que se diseñó para este cometido y todos los españoles llevamos un smartphone en el bolsillo.