El tradicional despacho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Rey en el Palacio de Marivent y el posterior encuentro con la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha aportado pocas certezas; tanto en el ámbito de la política estatal como en la autonómica. En la breve rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo español sólo ha respondido evasivas sobre las cuestiones más candentes de la actualidad, desde la ubicación del rey emérito tras su salida de España o las consecuencias de la imputación de integrantes de la cúpula de Unidas Podemos por presunta financiación ilegal de la formación cuyo secretario general, Pablo Iglesias, ocupa una de las vicepresidencia del Gobierno.
Las evasivas.
Resulta inadmisible que el presidente del Gobierno derive a la Casa Real la información sobre el paradero de don Juan Carlos, el cual sigue ocupando un cargo con rango protocolario como exjefe del Estado y cuya seguridad la llevan a cabo agentes de la Guardia Civil. También carece de sentido que Sánchez evite hacer una valoración política sobre la situación jurídica en la que se encuentra la dirección de Unidas Podemos, un partido que tiene como socio en el Gobierno. En las escasas cuestiones que se le plantearon al presidente todo fueron evasivas, palabrería para no entrar en el fondo de la cuestión.
Los ERTE, a la espera.
La entrevista con la presidenta Armengol tampoco sirvió para aclarar la posición del Gobierno sobre algunas cuestiones clave: la prolongación de los ERTE y los controles sanitarios de pasajeros en los puertos y aeropuertos de titularidad estatal. Sobre ambas cuestiones Pedro Sánchez no verbalizó ningún compromiso, más allá de las consabidas consultas a pesar de que, como resulta obvio, son esenciales para el futuro económico y social más inmediato de Balears. Ayer volvió a quedar claro que Balears no constituyen una prioridad para Sánchez.
