EL ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió ayer, en el transcurso de su viaje a Argelia, que la seguridad del Rey emérito «concierne, evidentemente, al Estado español», pero se negó a aportar cualquier detalle. «En cuestiones de seguridad del anterior jefe del Estado es razonable y oportuno que el ministro del Interior no dé ningún dato al respecto», manifestó al ser preguntado por los periodistas. Grande-Marlaska subrayó que «nadie puede olvidar que estamos hablando de quien fue jefe del Estado», pero ni una palabra sobre su paradero, ni un dato sobre el dispositivo de seguridad al que aludió. La pregunta de los periodistas, que también se formulan miles de ciudadanos, quedó sin respuesta y alimentó nuevos interrogantes.
Dudas, discrepancias e incógnitas
Desde que la Casa Real informó -hace una semana- que don Juan Carlos había comunicado a su hijo, Felipe VI, la decisión de trasladarse «en esos momentos» fuera de España, han aumentado las dudas en torno a la salida del rey emérito. Al mismo tiempo asistimos a las discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez y persisten varias incógnitas que, hasta ahora, no han obtenido respuesta. Entre otras, cuál ha sido el destino del rey emérito, su futuro judicial o si su marcha de España acabará siendo definitiva. A todo ello se añaden ahora las dudas relativas a la seguridad.
La credibilidad se gana con transparencia
La ejemplaridad de la Monarquía parlamentaria, que hoy encarna y ejerce Felipe VI, exige transparencia. La Corona no ganará credibilidad y afecto popular con secretismos y ocultando datos relevantes que están siendo reclamados por la opinión pública. La Casa Real debe modificar con urgencia su política de comunicación con informaciones y gestos que transmitan confianza en el Rey. La crisis institucional que ha ocasionado don Juan Carlos se debe resolver con transparencia.
