La propuesta que ha hecho llegar el Gobierno a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha indignado a las instituciones afectadas, entre otras razones porque supone retener 10.000 de los 15.000 millones que la ‘ley Montoro’ tiene inmovilizados en las arcas de la administraciones locales; fondo procedente de los tributos abonados por los contribuyentes y la obligada contención en el gasto. A cambio, el Estado liberaría 5.000 millones durante este ejercicio y el próximo; la devolución de la cantidad pendiente podría llegar a demorarse durante una década. La fórmula, como es lógico, ha indignado a los responsables institucionales afectados, con independencia del color político, en tanto que supone la incautación encubierta de unos ahorros de a los que tienen derecho a beneficiarse sus ciudadanos.
Editorial
Rechazo unánime al plan de Pedro Sánchez
Ibiza17/07/20 4:01
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