Sin excusas para las 532 VPO.
No tendría sentido que el mismo Govern facilitara, por un lado, en el decreto de vivienda aprobado recientemente la promoción de viviendas públicas en Can Escandell y, por otro, reclasificara el terreno como rústico común, lo que impediría el proyecto. Es una buena noticia, pues, que el decreto permita las tantas veces anunciadas viviendas públicas. El Ayuntamiento de Ibiza y el Ministerio de Fomento no tienen ninguna excusa para impulsar de forma urgente el proyecto, cuya construcción generaría, además, actividad económica y puestos de trabajo cuando más faltan hacen. También es lógico que sa Joveria se haya salvado, ya que hay compromisos con terceros que han cedido terrenos en los que se han construido infraestructuras públicas tan necesarias como el nuevo Can Misses y un centro educativo a cambio de poder construir en otra parte del terreno del plan parcial.
Muchas sombras.
El decreto aprobado ayer supone una deslealtad institucional de Francina Armengol a los ayuntamientos y consells, salvo el de Mallorca, con el que ha negociado y pactado la norma. Además, está repleto de dudas sobre el fin perseguido y la forma de alcanzarlo. No se explica que se desclasifiquen de forma masiva todos los suelos urbanizables que los ayuntamientos y consells habían considerado necesarios para garantizar un equilibrio territorial, medida que, además, supondrá un incremento del precio del suelo urbano, y que lo que ahora se desclasifica a rústico común pueda volver a ser dentro de unos años urbanizable de nuevo.
