El Gobierno logró sacar ayer adelante la quinta prórroga del estado de alarma, en esta ocasión gracias a la reducción respecto al planteamiento inicial –quince días más en lugar del mes que defendía inicialmente–; una transacción que le ha permitido contar con los votos favorables de Ciudadanos y los nacionalistas vascos. En este debate se ha resquebrajado el bloque progresista que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez como presidente, del que se ha descolgado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La estrategia gubernamental contra la pandemia de la COVID-19 pierde apoyos.
Incompatibilidad política.
Sánchez ha tenido que optar entre los apoyos de los grupos independentistas catalanes o los de Ciudadanos, una disyuntiva que lleva camino de acabar marcando la legislatura. El claro acercamiento del Gobierno a Inés Arrimadas tiene una clara frontera en el independentismo, que en el caso de ERC y el resto de formaciones catalanas es insalvable en ambas direcciones. La presión sobre la negociación de la cuestión catalana crece a medida que se vislumbra el final del desconfinamiento, una oportunidad que las fuerzas independentistas catalanas no quieren desaprovechar para poner en el centro del debate político.
Posición comprometida.
En esta dinámica, no sólo el Gobierno se encuentra ante un escenario complejo. Ciudadanos trata de recuperar el espacio de centro que perdió en las últimas elecciones, aunque ello también le distancia del Partido Popular. El bloque entre Casado y Arrimadas, como antes fue con Albert Rivera, todo indica que es una cuestión del pasado. La solidez del reajuste de apoyos al Gobierno, que deberá mantener una delicada mayoría con Podemos y toda una constelación de partidos minoritarios, tiene una importante reválida por delante: la aprobación de los presupuestos. Entonces se podrá determinar si estamos ante una entente coyuntural con Cs o se trata de acuerdo.
