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El acceso a la fase 1 del descofinamiento en Ibiza y Formentera, al igual que en otros muchos puntos de España, ha llevado aparejado demasiados comportamientos incívicos respecto a las normas de prevención y cautela contra el coronavirus. El propio ministro de Sanidad, Salvadro Illa, advertía del peligro de un reborte de la COVID-19 que podría obligar al Gobierno a tener que reactivar medidas de confinamiento de la población, un riesgo sobre el que el preciso tomar conciencia. Las patronales Caeb y Pimeef, conscientes del problema, lanzaron ayer una seria advertencia a los empresarios sobre su responsabilidad en el cumplimiento de las normas de prevención.

La distancia social, clave.
El amplio conjunto de supuestos que contempla la fase 1, que en la práctica apenas reduce la movilidad de los ciudadanos, es un serio inconveniente para su control. Por tanto, deben ser los ciudadanos quienes asuman su papel protagonista en el control de la expansión del virus. Terrazas abarrotadas de clientes que no respetan la distancia social es una constante que debe ser atajada con urgencia. Para ello, la conciencia de los usuarios es esencial para que no haya una marcha atrás en el proceso de desescalada. La preocupación por los incumplimientos está justificada, tanto por sus consecuencias sanitarias –el número de víctimas de la pandemia en nuestro país por desgracia no se ha detenido– como las económicas y sociales.

Un esfuerzo inútil.
Determinados comportamientos irresponsables pueden convertir en inútil los dos meses de severas restricciones a las que ha obligado el estado de alarma, una experiencia que decenas de miles de ciudadanos no quieren volver a repetir bajo ningún concepto. Es el momento, pues, de mantener encendidas las alarmas y de hacer gala de la cautela y sentido común para que el freno a la COVID-19 no tenga ninguna pausa. Hemos pasado de aplaudir a los sanitarios desde los balcones ha ignorar sus recomendaciones para evitar un temido rebrote.