Los informes policiales que revisan la instrucción del ‘caso Cursach’ continenen conclusiones demoledoras, la perversa complicidad del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Angel Subirán ha mancillado el honor de decenas de personas, truncado sus carreras profesionales y dañado su convivencia familiar. Todo ello en base a pruebas falsas o sin contrastar, testimonios obtenidos bajo amenaza o en base a meras especulaciones. Un auténtico huracán judicial sobre unos imputados sometidos al escarnio público en base a filtraciones interesadas a los medios de comunicación, pero ante el que no cabía la más mínima defensa; tampoco la apelación a la presunción de inocencia. Un derecho que, en este tipo de procesos, queda en la práctica machacado desde el primer momento.
Editorial
La presunción de inocencia y la sensatez judicial
29/12/19 4:01
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