Los datos ofrecidos ayer por el Consell d'Eivissa sobre el número de mujeres maltratadas no admiten lugar a dudas. Estamos ante un alarmante incremento de casos de diferente índole de violencia sexual contras las mujeres. Un 12% más de mujeres atendidas en el servicio en lo que va de año respecto a todo 2018. De cinco a 18 casos de agresión sexual. Un 63% más de usuarios, entre mujeres y sus hijos, que han necesitado estancia en pisos de acogida, lo que ha obligado a Bienestar Social a alquilar un nuevo inmueble.
La magnitud de la lacra.
Detrás de cada indicador, como que hay 66 mujeres que llevan más de 10 años siendo maltratadas, hay un drama personal que adquiere dimensiones sociales ante la magnitud del problema. Las estadísticas dan cuentan de la extensión de la lacra que, lejos de disminuir gracias a las campañas de concienciación, crece, y también entre los colectivos más jóvenes. Esta realidad merece un análisis sosegado y crítico de todos los agentes sociales implicados para acertar en el camino a seguir. Obviamente, la solución no puede ser crecer en servicios para mujeres maltratadas porque el daño ya está hecho. Hay que atacar el problema desde el origen y evitar que se produzcan estas agresiones.
Todos los esfuerzos son pocos.
Mientras no se logre reducir los casos, no se puede dejar desamparadas a las víctimas. Según admitió ayer la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, el Consell está desbordado ante el aluvión de casos. Ha sido acertada la medida de alquilar un nuevo piso de acogida, al igual que lo será el incremento de los recursos que está pidiendo a gritos el colectivo de mujeres maltratadas para evitar que esta situación de colapso impida el tratamiento que se merecen las víctimas y también sus hijos. No es admisible que el peso de la respuesta recaiga sobre las espaldas del personal cuyo sobreesfuerzo no es sostenible ni puede considerarse una solución estructural. En cualquier caso, merecen el agradecimiento colectivo y un reconocimiento social por el trabajo que realizan.
