La inversión que recibirán los ayuntamientos de Eivissa y de Sant Josep por parte del Estado para separar las aguas pluviales de las residuales y en el embellecimiento urbano, cifrada en 1,6 millones de euros, es bienvenida por muy necesaria. No cabe duda de que Ibiza y Formentera en general y Playa den Bossa en particular necesitan inversiones públicas para mejorar sus infraestructuras, máxime después de que en los últimos años se haya producido una millonaria reconversión de muchos de los establecimientos hoteleros y de ocio de las islas.
El precedente de Canarias.
La inversión del Estado en zonas turísticas de las Islas es una obligación moral del Gobierno, máxime desde que en octubre de 2018 se conoció el convenio por el que Canarias recibirá 15 millones de euros para invertir en sus zonas turísticas. La noticia encendió entonces los ánimos de los empresarios que llevaban años reclamando la implicación del Estado en la modernización de un destino que genera ingresos millonarios a las arcas públicas a través de la recaudación del IVA y de otros tributos. A pesar de que gobiernos central y autonómico comparten color político, la demanda cayó en saco roto, como tantas otras. Finalmente, la inversión ha llegado travestida de ayuda por la quiebra de Thomas Cook.
Una excusa como otra cualquiera.
A nadie escapa que invertir en infraestructura subterránea y en mobiliario urbano poco hará para mitigar el efecto de la quiebra del mayorista y que estamos, pues, ante una excusa como otra cualquiera. También es destacable que el anuncio coincida con la campaña electoral del 10-N. Logrado el impacto del anuncio, la pregunta sin respuesta es cuándo acabarán dichas obras. Con un gobierno en funciones, unos presupuestos prorrogados y unas largas negociaciones para la investidura por delante, queda un largo trecho para la redacción de los proyectos y la adjudicación y posterior ejecución de unos trabajos a desarrollar exclusivamente en invierno. Cuando se den por inauguradas nadie se acordará de Thomas Cook.
