La reclamación de Amadiba de 1,5 millones de euros, fechada en diciembre de 2018 y desvelada ayer en el pleno por el portavoz del gobierno del Consell d’Evissa, Mariano Juan, da una dimensión del caos que se vivió en el pasado mandato en el departamento de Bienestar Social. La cantidad, además, se queda corta porque el propio Juan estimó que a día de hoy se acerca a los dos millones de euros porque los servicios que la propiciaron se siguen prestando, con lo que la pila de facturas crece mes a mes. El problema, siendo muy grave, es aún mayor porque el gobierno no sabe cómo afrontar el pago de dicho monto, lo que deja a la asociación de madres y padres de discapacitados en una situación financiera crítica y, con ella, a los usuarios de los servicios.
Editorial
Una herencia envenenada para el Consell
26/10/19 4:01
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