Ayer se llevaron a cabo actos de protesta en más de media docena de capitales, entre ellas Madrid, Barcelona y también Palma, en contra del incremento de los alquileres; un movimiento que también se repitió en numerosas ciudades europeas. La amplitud de la movilización es un claro síntoma de que el fenómeno de la burbuja inmobiliaria no está localizado en un país, sino que afecta a la práctica totalidad de los mercados, un problema que por su dimensión y gravedad, requiere intervenciones urgentes por parte de los responsables políticos.
Marco legal europeo.
Cabe señalar que la incidencia de las viviendas en alquiler es muy superior en otros países europeos con respecto a España, donde sigue primando la compraventa de inmuebles. Lo indiscutible es que desde la salida de la crisis la escalada de precios está siendo imparable, circunstancia que en el caso de las Pitiusas es muy notable. Los dirigentes políticos han tratado de modificar esta tendencia introduciendo medidas de ámbito local o autonómico en el mejor de los casos, las cuales apenas han repercutido en los precios. El alcance internacional de las protestas deben ser motivo de reflexión para plantear la conveniencia de arbitrar una regulación que abarque al conjunto de la Unión Europea, una directiva que fije unas condiciones comunes a todos los países miembros.
Grandes inversores.
En el mercado de las viviendas de alquiler, como en otros segmentos inmobiliarios, en los últimos años han irrumpido los fondos de inversión; un factor que ha generado una distorsión respecto a los movimientos tradicionales en el sector. Grupos con gran potencia económica, que buscan rentabilidades a corto plazo y con un afán claramente depredador sobre los mercados, generan unas estrategias que están pagando, en primera instancia, los inquilinos con subidas constantes de los alquileres y el conjunto de la sociedad con la alteración de la vida en los barrios. Es una espiral que acaba perjudicando a todo el mundo y hay que adoptar medidas para evitarlo.
