Que el Consell de Formentera incumpla sus obligaciones con la Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma, ya no es ninguna novedad. A lo largo de esta legislatura se suceden los tirones de orejas a la institución insular sin que se adopten medidas para acatar las recomendaciones que los auditores realizan, lo que genera cierta desazón tanto en la ciudadanía como en los partidos políticos de la oposición, que se preguntan cómo es posible que tanto incumplimiento y tanta relajación en las normas que rigen las finanzas públicas pueda repetirse sin que nadie adopte ninguna medida para obligar a los gobernantes a sujetarse estrictamente a la normativa.

Irregularidades.
El martes pasado la Sindicatura de Cuentas presentó en la Comisión de Hacienda del Parlament de les Illes Balears el informe de subvenciones y contratos de los consells insulars del ejercicio 2015. Una vez más Formentera destaca por no sujetarse a la legislación. El Síndico Mayor, Joan Rosselló, relató que se han detectado “importes superiores a las cantidades solicitadas y justificadas por las entidades beneficiarias” y también sobrecostes en las actividades que fueron objeto de subvención. También hay falta de documentación justificativa e inexistencia de autoevaluación de los programas ejecutados. Todas estas irregularidades suponen un mayor gasto público y un menor control de la Administración de las subvenciones que se han concedido.

No atienden por las buenas.
Joan Rosselló desveló que ha habido reuniones con el responsable de Hacienda del Consell de Formentera y con el interventor, en las que les instó a mejorar y a “ponerse las pilas”. Además, advirtió de que se “abrirán diligencias y puede haber problemas”. Tal debe ser el hartazgo de la Sindicatura ante las irregularidades que en materia económica lleva protagonizando el gobierno insular de Jaume Ferrer (Gent per Formentera) en el Consell insular. Se diría que los avisos y las recomendaciones no surten efecto en la Pitiusa menor, por lo que ya se plantean medidas coactivas. A ver si así se deciden a cumplir con sus obligaciones, como el resto de administraciones de Balears.