Eivissa07/02/19 4:01
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La imperiosa necesidad de lograr una mayoría en el Congreso que le garantice la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valide una mesa de negociación con partidos políticos –PSOE, Podemos, Junts per Catalunya y ERC– con la intervención de un relator; una figura de papel confuso, del que se desconoce su identidad. En palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo este foro pretende la búsqueda de una «solución política» para el conflicto catalán, extremo que ha acabado de inflamar a la oposición, cuyos principales partidos –PP y C's, además del concurso de Vox– han convocado una manifestación de protesta en Madrid para el próximo domingo.

Un error grave.
Sánchez trata por todos los medios evitar un escenario que le obligue a un adelanto electoral, estrategia que le ha llevado a cometer un grave error en la medida que acepta un rol inadecuado para el Govern de la Generalitat al considerarlo como interlocutor válido para negociar los Presupuestos, circunstancia que fortalece su posición en favor de las exigencias independentistas. Introducir la figura de un mediador supone dar por buena una bilateralidad entre el Gobierno y la Generalitat, todo un logro para el presidente catalán, Quim Torra, en su pugna con el Estado español. Cabe preguntarse qué precio político e institucional es capaz de pagar Sánchez para ver aprobados sus Presupuestos.

La derecha, inflamada.
La airada reacción de la derecha se subraya con las descalificaciones de trazo grueso al Gobierno, al que se le acusa de «alta traición». La escalada trata de aprovechar la ocasión para forzar una convocatoria adelantada de elecciones generales, una oportunidad añadida para frenar el avance de Vox, que tiene en este escenario todos los ingredientes para seguir incrementando seguidores. Sánchez debe replantear su propuesta si no quiere añadir más crispación.