Picaresca en las subvenciones del SOIB

Una lección para todos.

Este tipo de contenciosos contienen una clara lección para las partes afectadas: todo beneficiario de una subvención pública debe justificar hasta el último céntimo y hasta el último milímetro de sus actuaciones realizadas con el dinero de todos. El fin último de toda ayuda es promover el bien común desde el más amplio abanico de las actividades sociales.

Que durante décadas las justificaciones se presentasen, en no pocas ocasiones, más bien a la ligera, no puede ser excusa para que el comportamiento de los beneficiarios mejore cada vez más. Recordemos que hubo quien, en contra de lo establecido, subcontrató servicios para incrementar los costes a su conveniencia y por afán de lucro. Fue el caso del exteniente de alcalde de Vila, Alfonso Molina, a quien el SOIB reclamó 27.000 euros, hecho por el que tuvo que dimitir.

Mayor rigor.

Las organizaciones patronales y sindicales son agentes sociales básicos en todo Estado de Derecho. De su buen funcionamiento depende una parte importante de la estabilidad social.

Y es precisamente desde estas premisas que sus responsables no pueden tomarse a la ligera todo el proceso burocrático de asunción y gestión de las ayudas que perciben. Es desde la óptica de que son pilares de la sociedad civil democrática que han de mejorar sus sistemas administrativos, por el bien y por la buena imagen del conjunto de la sociedad a la que sirven. La buena fe no basta cuando se trata de recursos públicos.