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El Govern balear batirá su récord de endeudamiento ‘gracias' al pago de las sentencias millonarias provocadas por la protección medioambiental de determinadas zonas del archipiélago, muchas de ellas en la isla de Ibiza, durante el último mandato de Francesc Antich. De esta manera no se podrá cumplir uno de los objetivos más buscados por la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera: rebajar la deuda de la Comunitat Autònoma en términos absolutos por primera vez en muchísimos años. El Govern quería acabar el año con una deuda por debajo de los 8.800 millones con que cerró 2017. Sin embargo, el Parlament formalizará un crédito extraordinario de 142 millones de euros para pagar las indemnizaciones provocadas por sentencias adversas en materia de ordenación del territorio, concretamente en Punta Pedrera y Roca Llisa.

Malas políticas.
El último Govern del Pacte de Progrés protegió terrenos declarados como urbanizables a través de la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible. Lo que los gobernantes no explicaron entonces a los ciudadanos es que la ‘expropiación' de estos terrenos a sus dueños conllevaría indemnizaciones millonarias que saldrían, evidentemente, del bolsillo del contribuyente. Un engaño que ninguno de los responsables de este desaguisado pagará porque las malas decisiones políticas que conllevan malgasto del dinero público no están penadas.

Antich, retiro dorado.
Y uno de los máximos responsables es, sin duda, el expresidente Francesc Antich, que apura su carrera política en el Senado, un auténtico retiro dorado para el de Algaida. El paso del expresidente por la Cámara Alta será recordado por su ausencia en la votación para la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Sin embargo, en las Pitiusas le recordaremos como el presidente del Govern que en su día se mostró favorable a las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y que, diez años después, su gestión provocó indemnizaciones millonarias que pagarán todos los ciudadanos menos él.