El Govern balear tuvo que aprobar el viernes un crédito extraordinario de 142 millones para pagar indemnizaciones por proteger terrenos que tenían derechos urbanísticos, entre los cuales se encuentra Punta Pedrera, en Sant Josep, cuyos propietarios recibirán 86 millones de compensación más otros 21,8 millones en concepto de intereses.
En total, más de 100 millones que abonarán todos los ciudadanos de Balears para que las empresas propietarias de estos terrenos puedan financiar la construcción de un aeropuerto en Ciudad Real.
Irresponsabilidad
Los terrenos de Punta Pedrera que se protegieron en 2008 eran urbanizables y el Govern lo sabía. Pese a ello fueron incluidos en el decreto de medidas urgentes 4/2008 sabiendo perfectamente las consecuencias de la decisión, que tendría un coste para los ciudadanos, y pese a ello primero el Govern presidido por Antich y posteriormente el Parlament avalaron esta protección.
Los propietarios, que tenían previsto desarrollar su proyecto urbanístico, han hecho un negocio redondo sin necesidad de construir ni un metro cuadrado. ¿Sabía el Govern del socialista Antich las posibles consecuencias de su decisión? ¿Fue consciente en algún momento del coste económico para todos los ciudadanos de su medida?
Servicios deficientes
Porque mientras el Govern ahora debe abonar 142 millones en indemnizaciones por protecciones territoriales los ciudadanos de Ibiza ven cómo los excrementos flotan por las calles de la capital pitiusa, las infraestructuras y muchos servicios dejan mucho que desear. Nadie cuestiona que se protejan terrenos de gran valor medioambiental, pero sí hay que criticar, y con dureza, que se adopten muchas veces medidas proteccionistas de cara a la galería, por puro electoralismo, sin medir las consecuencias económicas.
Seguramente si Antich y sus socios tuviesen que pagar la factura de su propio bolsillo hubiesen sido mucho más prudentes a la hora de tomar estas decisiones que, de nuevo, dejan en muy mal lugar a la clase política. Para más inri, los 142 millones que se usarán en pagar indemnizaciones, y que repercutirán en Ciudad Real, dejarán de utilizarse para mejorar los servicios públicos de estas islas. Un auténtico despropósito.
