Ibiza20/10/18 4:01
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El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, anunció ayer la convocatoria del pleno –formado por los 31 magistrados de la institución– para proceder a la revisión de la reciente sentencia que modificaba la jurisprudencia anterior y atribuía la responsabilidad en el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras de los préstamos hipotecarios a las entidades financieras y no a los clientes; tal y como se venía sosteniendo hasta ahora.

El fallo provocó la caída de la cotización de los bancos en la Bolsa con pérdidas multimillonarias.

Impacto económico

La decisión del presidente de la Sala Tercera se justifica, según la nota que hizo pública, en el «giro radical» en la jurisprudencia de la última sentencia y su «enorme repercusión económica y social».

El coste estimado que tendrían que devolver los bancos a sus clientes es de 4.000 millones de euros. Resulta sorprendente que el Tribunal Supremo someta a revisión la sentencia en base a criterios no jurídicos, admitiendo de manera implícita la presión ejercida por los poderes financieros del país.

Esta sensibilidad respecto a las consecuencias de sus decisiones pone en cuestión la voluntad de independencia del Tribunal Supremo, en especial cuando alarman o inquietan a sectores con enorme capacidad de influencia en el Estado.

Precedente peligroso.

Hay que insistir en que la convocatoria del pleno del Tribunal Supremo no sugiere ningún tipo de error técnico grave por parte de los magistrados que redactaron la sentencia que deriva a los bancos el pago del tributo, al contrario, se justifica en base a la defensa de unos intereses que le son ajenos al poder judicial.

Sentencias de enorme calado e impacto son innumerables en el Tribunal Supremo, pero son contadísimas las que se han pretendido rectificar con tanta celeridad y contundencia. Flaco favor en la defensa de la independencia de nuestros jueces.